Demandarán al Estado de Chile por la ocupación ilegal del Fundo Los Ajos, ubicado en Tirúa, región del Bío Bío. De acuerdo al abogado querellante, la situación habría comenzado en 1993 y se ha extendido por más de 30 años, período en el que el propietario y su familia se habrían enfrentado a diversos hechos de violencia en la búsqueda de recuperar el terreno.
El abogado Remberto Valdés, en representación de Mauricio Sepúlveda Santelices y su familia, demandó al Estado de Chile por $14 mil millones por un caso de tomas ilegales que llevaría cerca de 30 años en el Fundo Los Ajos, en Tirúa, región del Bío Bío.
Esta situación habría comenzado en 1993, con la ocupación ilegal de 450 hectáreas, por lo que los afectados recurrieron a la justicia.
Sin embargo, de acuerdo al querellante, ese mismo año se le adjudicó a los ocupantes ilegales títulos de propiedad sobre hijuelas del fundo, hoy conocido como Lonco Tripay. “Posteriormente se pudo determinar, mediante peritajes y estudios de terreno, que realmente se encuentra a 7 kilómetros del Fundo Los Ajos”, explica.
En 1997 se rechazó la demanda reivindicatoria y, en 2005, uno de los demandado vendió 32 hectáreas a Conadi, las que posteriormente fueron adjudicadas a la comunicad mapuche Anillén.
Según se expone, integrantes de esta comunidad “procedieron con amenazas y violencia a tomar parte del terreno del Fundo Los Ajos, iniciando tala de árboles, apertura de caminos e instalación de cercos. En 2007 se incrementa la violencia y otro sector del Fundo Los Ajos es usurpado por la comunidad indígena Comilahue”.
“En junio de 2015, después de 22 años de continuo litigio, termina el juicio reivindicatorio de 1993 cuando la Corte de Apelaciones de Concepción, en resolución de segunda instancia, falla a favor del fallecido padre de Mauricio Sepúlveda Santelices, José Domingo Sepúlveda Méndez, ordenando que los demandados y ocupantes abandonen el predio en 10 días desde la ejecución de la sentencia, abandono que nunca ocurrió”, agrega el abogado.
Esta situación alcanzó su punto máximo en diciembre de 2015, cuando Mauricio Sepúlveda recibió dos impactos balísticos mientras conducía por la comuna de Tirúa.
Demanda al Estado por falta de servicio
En marzo de 2016, el Juzgado de Letras de Cañete emitió una orden de desalojo del predio ocupado. Sin embargo, no se habría avanzando con las maniobras para lograr dicho cometido.
Remberto Valdés indica que, a causa de la demora en la entrega del predio y la continua pasividad por parte de tribunales, la familia Sepúlveda ha tenido que soportar actos que atentan no sólo contra su legítimo derecho a su propiedad, si no contra su integridad física y psicológica.
“La justicia se ha demorado casi 30 años en cumplir con su deber y el Estado de Chile no ha sido exitoso. La familia ha tenido que interponer una docena de querellas criminales y el Estado no ha sido capaz de desalojar a delincuentes profesionales”, aseveró el abogado, añadiendo que “los perjuicios morales que se le adeudan a la familia Sepúlveda ascienden a $14 mil millones de pesos”.
Finalmente, el propio denunciante, Mauricio Sepúlveda Santelices, aclara que “esto no tiene absolutamente nada que ver con la causa de reivindicaciones de tierras mapuches, es un tema netamente judicial (…) en una situación que comienza en 1993, abarcando tres generaciones desde mi abuelo, y que desde 2015 estamos esperando el desalojo sin respuesta por parte de la justicia”.
