La víctima en una investigación por amenazas imputadas a un militar del Regimiento Chacabuco denunció que a pesar de la formalización y las medidas cautelares decretadas, el uniformado ha seguido con las conductas de acoso, pero ahora utilizando a terceras personas.

Este caso se arrastra desde hace dos años, cuando la víctima, una profesora de la escuela del Ejército que pidió mantener en reserva su identidad, denunció en el Ministerio Público al sargento Javier Ovalle por amenazas de muerte en su contra.

De acuerdo a la afectada, las amenazas eran verbales, advirtiéndole el militar que si no retiraba las denuncias por irregularidades en el manejo de dineros, podía contratar personas que le hicieran daño.

Tras un año de diligencias, el fiscal Jorge Lorca obtuvo las pruebas contra el uniformado y lo formalizó por el delito de amenazas, obteniendo la cautelar de prohibición de acercarse a la víctima.

Sin embargo, desde hace meses la docente asegura ser blanco de acoso de parte de desconocidos que llegan a su vivienda y que, según ella, son enviados por el sargento Ovalle, pidiendo a la Fiscalía tomar cartas en el asunto.

La defensa del uniformado, a cargo del abogado Felipe Salazar, descartó todas las acusaciones contra su cliente, subrayando que incluso un sumario interno desechó las denuncias de la profesora.

Desde la Fiscalía de Concepción se indicó que si hay nuevas amenazas éstas deben estamparse a través de una nueva denuncia, mientras que respecto de la causa vigente la investigación está aún en desarrollo.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)