En menos de un 10% se encuentra la ejecución presupuestaria de la región del Bío Bío, una situación que es seguida con preocupación por quienes se medirán en la segunda vuelta de gobernadores regionales, Rodrigo Díaz y Flor Weisse.
Mientras Weisse reconoce que es una situación prioritaria, Díaz apuntó a los cambios de intendentes y aseguró que se trata de un Gobierno Regional “hiperpolitizado”.
En menos de dos meses se conocerá el nombre del primer gobernador regional del Bío Bío, tras la segunda vuelta del próximo 13 de junio. La nueva autoridad asumirá funciones casi un mes después y una de sus facultades será presentar el proyecto del presupuesto para la zona.
La idea es contar con más recursos para concretar diferentes iniciativas, sin embargo, todo dependerá de la evaluación que en junio se realiza a la ejecución presupuestaria de la región y que en el Bío Bío a penas alcanza el 8,6% durante el primer trimestre 2021, de acuerdo a los registros de la Subdere.
El independiente y candidato a gobernador regional, Rodrigo Díaz, dijo que esta situación podría comprometer el presupuesto del año 2022, reduciendo el dinero destinado a la zona.
Además apuntó sus críticas a los cambios de intendentes y a la priorización de los proyectos, donde se evita revisar iniciativas de comunas con alcaldes de oposición al Gobierno de Sebastián Piñera. Según añadió, se trata de una gestión “hiperpolitizada y clientilística”.
Por su parte, la candidata a gobernadora regional de la UDI, Flor Weisse, señaló que se trata de una situación prioritaria.
El presidente del Consejo Regional, Patricio Lara, reconoció la compleja situación y asegura que es un problema que involucra a las municipalidades, donde hay dineros detenidos evitando el avance de proyectos.
Según Lara, todo se debe a la pandemia y las campañas políticas que dejaron jefes comunales fuera de sus funciones. De todas maneras, dijo, ya están en conversaciones.
La idea es incrementar la ejecución presupuestaria para contar con más recursos el próximo año, por lo cual ya se piensa en pedir autorizaciones para transferir dineros de manera directa a los municipios, entre otros.
