Un empresario angelino denunció al Ministerio de Obras Públicas de adeudarle más de 50 millones de pesos, debido al no pago de servicios y -además- hacer efectivo el pago de las boletas de garantía.

Álvaro Molina, gerente de la empresa constructora SB de Santa Bárbara, que en septiembre y diciembre de 2018 firmó dos contratos para la limpieza de la faja fiscal en la provincia de Bío Bío, aseguró que lo anterior se debe a una denuncia por incumplimiento de los inspectores fiscales del manual de carreteras.

En él, se indicaba que debían proteger algunas especies de vegetación que hay a orilla de carretera; sin embargo, los inspectores fiscales habrían ordenado arrasar con todo a su paso, eliminando toda la vegetación, plantas, arbustos y árboles hasta los cercos.

Esto significó que se llegara a depredar la vegetación en anchos de hasta 16 metros y en kilómetros de largo, no rigiéndose por la documentación oficial del contrato, ni menos por la normativa y leyes medio ambientales vigentes, precisó.

Molina, aseguró que tras denunciar lo anterior, la cartera de Gobierno -a través de la Dirección Regional de Vialidad- decidió terminar con el contrato, adeudándole 50 millones de pesos por los trabajos de limpieza y más de mil millones -según estimó- por labores extraordinarias, compensaciones y, en especial, por la tala de árboles.

Además de no pagarle, el MOP habría hecho efectivo el pago de las boletas de garantía, lo cual lo tiene muy complicados económicamente, expuso.

El empresario envió una carta al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, fechada el 9 de diciembre del 2020, donde le detalla lo acontecido pero sin que hasta ahora tenga una respuesta.

Desde el Ministerio de Obras Públicas en el Bío Bío, se indicó que Álvaro Molina como contratista interpretó mal las bases del contrato, mientras que respecto al no pago, tiene como única causa su negativa a firmar la documentación que permita la regularización administrativa de los contratos.

Respecto a las materias medioambientales sobre las que se refiere el denunciante, apuntaron que este tema nunca lo planteó el reclamante ante el órgano contralor, y que las normas medioambientales son consideradas en sus bases de licitación y respetadas en la ejecución de los contratos.