El desalojo que se realizó la mañana de este jueves de la Municipalidad de Tirúa, que había sido ocupada por comuneros mapuche, terminó con tres detenidos. Uno de ellos es el sacerdote jesuita, Carlos Bresciani, quien contó cómo vivió la detención y se refirió a la situación en la zona.

En conversación con Radio Bío Bío, Bresciani señaló que trabaja con las comunidades mapuche hace 15 años y ha visto cómo el contexto se ha agudizado, de la mano de una nula respuesta del gobierno actual y los anteriores, que no han dado una salida política acorde.

Respecto al desalojo, el jesuita señaló que fue detenido sin razón, toda vez que se encontraba de forma pacífica y que también lo fue la toma de los comuneros.

“Había un gran contingente policial, yo justo estaba ahí y en ese momento fui a preguntar a Carabineros ‘¿qué pasa, de dónde venía la orden, cuál era el motivo?’, si se estaba haciendo algo pacíficamente. En ese minuto no respondieron nada, llegaron y me tiraron al suelo y me detuvieron, y detuvieron a los otros dos dirigentes”, afirmó.

“Aquí llegó un contingente como si hubiera habido aquí una guerra, había un grupo pacíficamente que se había tomado una muni, ciertamente es un acto de fuerza tomarse una municipalidad, pero miremos esto más de fondo”, añadió.

Cedida
Cedida

El sacerdote jesuita explicó que la escalada de tensión que se vive en La Araucanía y la provincia de Arauco, en el Bío Bío, se debe a la “irresponsabilidad” del Gobierno de no buscar salidas políticas a las demandas mapuches. Añadiendo que mientras se siga reprimiendo, la situación se irá agudizando de igual forma.

“Esta movilización del conflicto responde y es irresponsabilidad absoluta del Gobierno y del ministro del Interior, que han desoído los distintos llamados desde hace meses de las vocerías de los presos políticos mapuches, las vocerías de los que están en huelga para poder dar una salida política a esta situación”, manifestó.

“Una salida que además no está fuera del orden legal, sino que está dentro por ser un tratado firmado por el mismo Estado. Entonces el Estado firma algo que después no cumple, como es el Convenio 169 en relación a las condiciones carcelarias de los presos”, agregó Bresciani.

Escucha la entrevista completa a continuación:

Desalojo

La Municipalidad de Tirúa fue tomada por comuneros de 7 comunidades mapuche durante el miércoles. Se informó que en su interior alcanzaron a estar unas 20 personas.

El alcalde de la comuna, Adolfo Millabur, había indicado durante esa jornada que no pediría el desalojo de la casa edilicia, toda vez que prefiere priorizar el diálogo.

Por lo tanto, la desocupación que se registró esta mañana provino del gobierno central. Es más, el intendente del Bío Bío, Sergio Giacaman, apuntó que “pese a la negativa del alcalde de solicitar el desalojo, nosotros como Ministerio del Interior tenemos la obligación de restituir ese bien público para ponerlo al servicio de la ciudadanía”.

Junto al sacerdote jesuita, los otros detenidos fueron los voceros de los comuneros en toma, Héctor Huenchunao y Marco Garrido Cayupe. Si bien fueron dejados en libertad, la investigación continuará para una eventual formalización.

Condena de lo ocurrido

A raíz de los acontecimientos en Tirúa, la Compañía de Jesús rechazó lo ocurrido apuntando que los comuneros y el sacerdote Carlos Bresciani fueron detenidos “sin provocación previa”, enfatizando en que hubo uso desproporcionado de la fuerza.

“La Compañía de Jesús en Chile rechaza la violencia y arbitrariedad en el actuar del Estado de Chile y de Carabineros durante el desalojo de las municipalidades en la región de la Araucanía”, sostienen.

“El padre Carlos fue detenido injustamente, como lo han sido cientos y cientos de mapuches a lo largo de la historia. La violencia del Estado es el signo más claro de la ausencia de voluntad política para resolver los problemas de fondo de este Pueblo”, plantean.

Por su parte, un grupo de jesuitas y pastorales hicieron un llamado al Gobierno actual y al Estado para que respete a las comunidades mapuches, así como los tratados indígenas que ha suscrito, indicando que las demandas de los comuneros han sido “intencionalmente invisibilizadas”.

“Con urgencia le pedimos al Estado que cese lo que consideramos una constante y creciente presión sobre los territorios mapuche que está produciendo violencia, falta de comunicación, desconfianza, polarización y muerte, no sólo de personas, sino también del Itrofill Mongen (Naturaleza-biodiversidad)”, manifiestan.

“Los actuales escenarios de conflicto y enfrentamiento encuentran su origen en la negativa a dialogar en torno a las demandas políticas mapuche y al avance de la industria extractivista en los territorios”, señalan.

Lee la declaración completa a continuación: