Pastores evangélicos del Bío Bío presentaron acciones legales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la justicia chilena, a raíz de la norma sanitaria que prohíbe los cultos religiosos en la región, denunciando que con éste se está permitiendo la persecución de la Iglesia y sus miembros.
Se trata de una resolución que en marzo prohibió las actividades religiosas producto de la pandemia, y que después la Seremi de Salud intentó dejar sin efecto, lo que generó el conflicto que hoy tiene a dos pastores de Hualpén investigados por atentar contra la salud pública tras realizar encuentros presenciales en sus templos.
Hoy una orden de no innovar que mantiene vigente la primera resolución, que fue más allá de la norma nacional, que restringía a 50 personas como máximo las actividades religiosas, deportivas y culturales, limita las reuniones presenciales ajustadas al uso de mascarillas, alcohol gel, además de la separación de más de un metro.
No obstante aquello, el dirigente evangélico y pastor, Luis Silva, denunció que hoy las policías y el Ministerio Público están persiguiendo a la Iglesia y sus integrantes.
“Principalmente en Hualpén y en esta zona, (con el) pretexto de mascarillas y el Covid han entrado a las iglesias, se han llevado presos a los pastores, los han tratado como delincuentes”, criticó Silva.
Por esta razón es que, ante la gravedad y lo que fue calificado como una violación de derechos humanos, la Iglesia Evangélica del Bío Bío presentó una denuncia en la CIDH con sede en Washington, además de un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción, acciones legales cuyos objetivos fueron explicados por el abogado Carlos Adams.
Sobre estas denuncias, el intendente Sergio Giacaman expresó que lo que está restringido son las aglomeraciones y no la libertad de culto. De todas formas, reconoció que la Iglesia Evangélica está en su derecho de presentar acciones legales y que será la justicia la que resuelva esta pugna.
