La justicia autorizó al Ministerio Público la extracción de toda la información, los datos y cualquier material existente en 17 celulares incautados a funcionarios de la Dirección de Administración de Salud Municipal (DAS) de Talcahuano y empresarios vinculados al fraude al Fisco que se investiga en esa repartición.
Además, la Fiscalía solicitó al Servel los antecedentes sobre la filiación políticas de los imputados.
Avanza la pesquisa en la arista DAS del fraude al Fisco que la Fiscalía indaga en la Municipalidad de Talcahuano y que incluye además a la Dirección de Educación, estimándose ya en más de mil millones de pesos los dineros desviados desde ambas reparticiones y cuyo destino intenta establecer el Ministerio Público.
Y justamente con ese objetivo es que la fiscal María José Aguayo, a cargo de las investigaciones, ha decretado una serie de incautaciones y registros no sólo en las dependencias municipales, sino también en los domicilios de funcionarios y empresarios hoy protagonistas de la distintas causas, en las cuales se ha requisado, entre otros elementos, 17 celulares.
En una solicitud al Juzgado de Garantía de Talcahuano, la fiscal regional Marcela Cartagena pidió autorización para proceder a periciar los equipos móviles, de manera de extraer toda la información en las memorias de esos teléfonos celulares.
Para la concejal Pamela Cortes, que fue quien primero advirtió al alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI), sobre las irregularidades en la DAS, el objetivo de los peritajes a los equipos móviles podría ser el intento de configurar una eventual asociación ilícita para defraudar al municipio.
Un antecedente clave que se conoció de la solicitud da la fiscal Cartagena es que además ya está requerido -se entiende al Servicio Electoral- conocer la militancia política de las personas investigadas, lo que según el exalcalde del puerto, el hoy diputado Gastón Saavedra, podrían tener que ver con la sospecha de que los dineros desaparecidos pudieran haber ido a las campañas parlamentarias y de consejeros el 2017.
“Los funcionarios que están involucrados ninguno es militante del Partido Socialista, o partido de la Nueva Mayoría o que se le parezca”, recalcó Saavedra.
En este caso es parte el Consejo de Defensa del Estados (CDE) a través de varias querellas presentadas y que se han ido ampliando de acuerdo a los informes de la Contraloría y los hallazgos de la Fiscalía.
