La Defensoría Penal estimó que el 60% de los detenidos tras el estallido social, por tener una irreprochable conducta anterior, no cumplirá condenas efectivas de cárcel en caso de ser declarados culpables por el delito de robo en lugar no habitado o saqueo.
Hasta en un 67% aumentaron en octubre los controles de detención y formalizaciones, la mayoría por delitos relacionados con la crisis social.
De los 809 imputados en el mismo periodo de 2018, la cifra pasó a 1.358, el doble de los detenidos por este delito. Un comportamiento similar a lo que ocurrió tras el terremoto de 2010, según confirmó el defensor regional Osvaldo Pizarro.
Para la Defensoría Penal Pública, el estallido social es el episodio más grave que ha debido enfrentar el sistema judicial. A partir del segundo semestre de noviembre se registrao 155 prisiones preventivas, un alza del 24% comparado con el mismo período de 2018.
Sobre el pronóstico en cuanto a las penas que enfrentan las personas imputadas por saqueos, el defensor Osvaldo Pizarro explicó que considerando la estadística del Ministerio Público, el 60% no posee antecedentes criminales previos, por lo que la mayoría de los formalizados no cumpliría una sanción privativa de libertad en caso de ser condenados.
Las mayoría de las causas, que fueron disminuyendo desde diciembre, comenzarán en los próximos días a cumplir el plazo de investigación y por lo tanto la Fiscalía debería acusar o solicitar un plazo extra ante el Juzgado de Garantía de Concepción.
