La Corte de Apelaciones de Concepción dejó pendiente su decisión respecto del recurso de amparo presentado por la Defensoría, en favor de una alumna de la Universidad de Concepción y un paramédico, y que busca que se deje sin efecto la prisión preventiva decretada en ambas formalizaciones, por los delitos de daños y desórdenes causados en la Plaza de Tribunales de Concepción, en las manifestaciones durante la crisis social.
Ambas personas fueron detenidas por la PDI el 3 de diciembre pasado en el mismo lugar donde se generaron los daños.
Desde ese día, los imputados Catalina Fuentes y Bastián Toledo están privados de libertad, primero por su detención y luego por la prisión preventiva, que es la medida cautelar que está siendo denunciada como ilegal y arbitraria a través de la acción legal que presentó el abogado defensor Rodrigo Campos.
El argumento de la Defensoría para cuestionar al Juzgado de Garantía penquista, es que se de una medida cautelar “desproporcionada” en ambos casos, a los que se les imputan delitos que no contemplan penas de cárcel.
En tanto, el Ministerio Público defendió la medida cautelar decretada.
Ante los ministros de la Tercera Sala intervino además del defensor Claudio Vigueras, el abogado de la Universidad de Concepción, Juan Pablo Yáñez, y un abogado del Ministerio Público.
