Durante la mañana de este lunes, se dio inicio a la audiencia de apelación de cautelares de ejecutivos de ENAP, imputados por delitos medioambientales en Talcahuano y Quintero-Puchuncaví, la cual se llevó a cabo en la primera sala de la Corte de Apelaciones de Concepción.

El abogado Remberto Valdés, como representante de 1.200 familias afectadas en el cordón industrial Quintero-Puchuncaví a raíz de la emergencia y contaminación causada por el crudo iraní en agosto del año pasado, está pidiendo que se revoque la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual decretada por el Juzgado de Garantía de Talcahuano en contra de los imputados.

Para ello, la parte querellante presentó recursos con el objetivo de revocar la determinación del juzgado porteño.

En ese sentido, el planteamiento se enfocó en que la libertad de los acusados genera un peligro para el éxito de la investigación, pidiendo en que se aplique la prisión preventiva o -al menos- un arresto domiciliario.

A su vez, intervinieron ante los ministros del tribunal de alzada los abogados querellantes y el Ministerio Público, quien va a defender -a través de la fiscal Ana María Aldana- la resolución del Juzgado de Garantía de Talcahuano, así como también la defensa de los seis imputados.