La Corte de Apelaciones de Concepción abrió tres sumarios internos en las últimas semanas, a raíz de igual número de causas, relacionándose a filtraciones de fallos. Dos de ellas sobre juezas de Chiguayante y Tomé, mientras que la tercera tiene que ver con el trámite de un recurso de protección de vecinos de Pingueral contra Bienes Nacionales.
Las investigaciones han provocado un desfile de funcionarios de tribunales en el tercer piso del Edificio de Tribunales de Concepción, donde se ubican las oficinas de la Fiscalía Judicial.
Y es que el personal, tanto de la Corte de Apelaciones como del Juzgado de Garantía de Talcahuano, ha sido citado a declarar en el marco de las tres indagaciones ordenadas por la Corte de Apelaciones, pero siendo dos las que apuntan principalmente a funcionarios de la Secretaría y de la Oficina del Pleno del tribunal de alzada.
Los sumarios buscan determinar de dónde se filtraron los fallos adelantandos por Radio Bío Bío, y que sancionó con la suspensión del cargo a la magistrada de Familia de Tomé, Gabriela Varela, y la resolución que inicialmente concedía la orden de no innovar en un recurso de vecinos de Pingueral, quienes pedían reponer la garita destruida por Bienes Nacionales, medida que luego fue revocada al cambiar los jueces de la Primera Sala.
Según indicaron trabajadores de la corte penquista, quienes pidieron reserva de su identidad, hay preocupación y temor respecto de las investigaciones, las que califican como un instrumento para amedrentar.
Consultada al respecto, la presidenta de la Asociación de Empleados del Poder Judicial, María Teresa Muñoz, aseguró desconocer la situación, y por eso llamó a los trabajadores a entregar los antecedentes al gremio.
El tercer sumario tiene que ver con las posibles irregularidades en el trámite de una causa por hurto contra la jueza de Chiguayante, María Francisca Silva Villafranca, cuyo sobreseimiento se dictó de manera exprés. No obstante a la acusación inicial de la Fiscalía, que daba por acreditada la denuncia del Homecenter de Hualpén, habiendo ya declarado en esa investigación el funcionario a cargo de programar las audiencias en el Juzgado de Talcahuano, donde se ventiló el caso.
Tras requerir una versión del presidente de la Corte, se informó que el ministro Rodrigo Cerda no se encontraba en funciones.
