La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección presentado por trabajadores contratistas forestales, quienes denunciaron a las autoridades del Gobierno en el Bío Bío, por el peligro en que realizan su trabajo a raíz de los ataques relacionados con la violencia rural y el conflicto mapuche.
Fueron tres las acciones legales presentadas por el gremio de los trabajadores contratistas del sector forestal: una en Valdivia, otra en Temuco y la tercera en Concepción, pidiendo la intervención de los tribunales al omitir el gobierno -según lo denunciado- la obligación de resguardar las actividades económicas.
Al respecto la Corte de Apelaciones penquista se pronunció esta jornada y en un fallo de 16 páginas desechó la denuncia de la Asociación de Contratistas Forestales, al subrayar que la justicia no podía dictar las políticas públicas en materia de seguridad ni fiscalizar las medidas puestas en marcha con ese objetivo.
Sin embargo, el abogado del gremio, Rodrigo Ruiz, aclaró que con la acción legal no buscaba que el Poder Judicial interviniera en el trabajo del Ejecutivo.
Sobre la sentencia, el intendente Sergio Giácaman, quien junto a los tres goberandores del Bío Bío fueron denunciados en el recurso, evitó hacer comentarios, asegurando que hay iniciativas pro seguridad vigentes y otras que se implementarán y por eso apuntando a quienes están detrás de la violencia rural como responsables de los ataques.
En otro argumento, la justicia sostuvo que los denunciantes no entregaron detalles de los hechos que según ellos incidirían en la amenaza que enfrentan en el desempeño de su trabajo, lo que el abogado de los contratistas forestales cuestionó al dar cuenta de la larga lista de ataques ocurridos sólo este año en la provincia de Arauco.
Al igual que en el caso de los otros dos recursos de protección, también rechazados por las Cortes de Apelaciones de Valdivia y de Temuco, el fallo de Concepción será llevado a la Corte Suprema, adelantando el abogado Ruiz que confían en poder revertir las resoluciones y así que se pida por la justicia a las autoridades a mejorar el combate de la violencia rural.
