La seremi de Transportes del Bío Bío busca revocar la autorización de funcionamiento de la escuela de conductores “Santa Juana” de Concepción, donde se emitían falsos certificados de cursos de conducción profesionales, a cambio de dinero, y que luego eran entregados ilegalmente a personas en la comuna de Pencahue.

Tras un año de investigación de la fiscalía de Maule, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI detuvo esta semana a 39 personas, todas involucradas y con diversos grados de participación en la compra y venta de certificados ideológicamente falsos de licencias de conducir profesionales.

La cara más visible de esta diligencia es el concejal de Pencahue, José Castillo, quien figura como intermediario para que finalmente las licencias fueran entregadas a cerca de treinta personas que hoy conducen furgones escolares, buses y camiones.

Sin embargo, los certificados se emitían en Concepción, donde la PDI detuvo a la representante legal de la “Escuela de Conductores Santa Juana”, Virginia Plaza, y a su hijo Claudio Ortiz Plaza, que tras ser formalizados el martes quedaron con firma diaria en Carabineros y arraigo nacional.

La fiscal especialista en delitos económicos. María Lorena González, explicó que el concejal gestionaba con la Escuela de Conductores estos certificados de cursos que nunca hicieron e incluso se los iba a dejar a sus propios domicilios.

La escuela sigue funcionando en el sector Lorenzo Arenas de Concepción, confirmó el seremi de Transportes, Jaime Aravena, quien cree no obstante que se podría revocar la autorización mientras dure el procedimiento administrativo, para lo cual ya pidieron toda la documentación que incautó la Policía de Investigaciones.

También se podrían aplicar multas a la empresa de hasta 500 UTM, pero en el marco del procedimiento la firma cuestionada debe hacer sus descargos.

La autoridad explicó que respecto de una Escuela de conductores clase A profesional, todos los planes y programas son aprobados por el Ministerio de Transportes.

Por cada certificado falso que emitía, la escuela de conductores cobraba entre 200 y 300 mil pesos.

Con este documento en mano, los imputados iban cumpliendo los otros requisitos que la ley establece y se presentaban al Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Pencahue para obtener su licencia.

El periodo concreto que analizó la fiscal fue 2018, pero la autoridad ya cuenta con las órdenes de incautación y se están recabando antecedentes desde el 2014 a la fecha.