Los parlamentarios de la región del Bío Bío están comenzando a definir sus posiciones en torno a la moción ingresada al Congreso que busca terminar con el arrastre en la captura de la merluza, iniciativa que fue ingresada justo cuando la industria ya resiente los efectos de la Ley de la Jibia.

El jueves 22 de agosto, sólo cinco días después de que la industria quedara impedida de capturar jibia con sus barcos de arrastre de media agua, el diputado democratacristiano Víctor Torres y los radicales Alexis Sepúlveda y Cosme Mellado ingresaron un proyecto de ley para eliminar la pesca de arrastre como método para extraer la merluza.

El fundamento son los dañinos efectos que este método produce en el ecosistema marino. El texto establecería multas de hasta 25 millones de pesos para quienes infrinjan esta regulación, es decir, para quienes no utilicen exclusivamente el espinel o red de enmalle.

El diputado del Partido Socialista (PS), Gastón Saavedra, que votó por prohibir el arrastre con red de media agua para la jibia -pero luego impulsó un proyecto para aplazar esa ley, y que no votó finalmente pues no estuvo en la sala-, señaló no que aún no conoce bien el proyecto de la merluza y por tanto no tiene una decisión tomada, pero sí dijo que hay que tener cautela considerando lo que ha pasado.

Saavedra planteó que la Subsecretaría de Pesca, que es el organismo regulador del sector, debería tener una participación principal desde los inicios de la tramitación de la ley.

Sergio Bobadilla, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), aseguró que tampoco se ha definido acerca de esta propuesta. Sin embargo, el parlamentario ha sido un férreo defensor del empleo en la industria pesquera, por lo que rechazó la Ley de la Jibia y también votó por su aplazamiento.

El ecologista Félix González aparece más firme en su postura, anunciando desde ya su apoyo a la moción que busca terminar con la pesca de arrastre para capturar merluza.

La moción ingresada al Congreso, y que todavía no es puesta en tabla de la comisión de Pesca, describe que la mayoría de los hogares en Chile consumen este recurso marino y por esto es importante regular el arte o aparejo de pesca que se usa para capturarlo.

Las empresas agrupadas en la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) rechazaron de inmediato la iniciativa, asegurando que la modificación de un arte de pesca es una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo, representado por la Subsecretaría de Pesca, y que, al igual que la Ley de la Jibia, es un proyecto sin fondo técnico que favorece en exclusiva al sector artesanal.