Región del Bío Bío
Martes 03 septiembre de 2019 | Publicado a las 16:10
Una multa de $98 mil pagar√°n las gendarmes condenadas en el caso de Lorenza Cayuh√°n
Por Manuel Cabrera
La información es de Fabián Polanco
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Ante una posible nueva absolución, Lorenza Cayuhán aceptó la multa de 98 mil pesos aplicada a las dos gendarmes que admitieron su responsabilidad por la cesárea a la que fue sometida sin que se le retiraran los grilletes.

La condena permitirá a las funcionarias mantener su empleo y a la comunera demandar del Estado el pago de una indemnización.

Al reconocer los cargos imputados por el Ministerio P√ļblico, Andrea Concha y Cristina Segundo evitaron la repetici√≥n del juicio simplificado ordenado por la Corte de Apelaciones penquista y recibieron una pena inferior a la que buscaba la Fiscal√≠a, que era un a√Īo de suspensi√≥n del cargo y el pago de casi 500 mil pesos como multa.

La condena dictada por el juez Marcelo Bustos, del Juzgado de Garant√≠a de Concepci√≥n, decret√≥ para las gendarmes √ļnicamente el pago de 98 mil pesos divididos en seis cuotas, lo que fue aceptado por Lorenza Cayuh√°n ante la posibilidad que en el segundo juicio las acusadas pudieran ser nuevamente absueltas, seg√ļn explic√≥ el hermano de la comunera, Jos√© Cayuh√°n.

La posibilidad de que las funcionarias de Gendarmería se declararan culpables del delito de vejación injusta fue rechazada por el Instituto de Derechos Humanos, postura criticada por el tribunal al atribuirle al organismo la vulneración de derechos respecto de las acusadas y que son los mismos que defiende la repartición.

Al respecto, contest√≥ al magistrado la directora regional del INDH, Carolina Chang, apuntando que hay un error conceptual, ya que “nosotros no estamos solicitando que no se respete el debido proceso”.

Como consecuencia de la baja sanci√≥n, las gendarmes evitar√°n la baja del organismo penitenciaria, seg√ļn indic√≥ el abogado defensor, C√©sar Ram√≠rez.

Lo que analizarán a partir de ahora Lorenza Cayuhán y sus abogados es la posibilidad de acciones civiles en busca en una indemnización de parte del Fisco, al haberse acreditado la responsabilidad de agentes del Estado en el caso de la comunera mapuche.

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