Una categórica defensa hizo la Asociación de Magistrados en el caso de la jueza de Chiguayante imputada y sobreseída finalmente en una causa por hurto. Además, el gremio descartó que María Francisca Silva haya tenido la obligación de informar de la situación a la Corte de Apelaciones.
Fue la presidenta de la Asociación de Magistrados en Concepción, Margarita Sanhueza, quien se refirió al caso de la jueza de Garantía de Chiguayante, quien en enero pasado fue denunciada por Sodimac por el robo de especies desde la tienda en Hualpén.
Al entregar antecedentes diametralmente opuestos a lo planteados por la Fiscalía en el requerimiento inicial ingresado en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, solicitando una pena de 300 días de cárcel para María Francisca Silva, la líder local del gremio de los jueces aseguró que lo ocurrido a su colega es que olvidó pagar parte de las especies.
Igualmente, contrario a lo señalado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que abrió un sumario contra el juez detenido por porte de cocaína, la magistrada Sanhueza descartó que por ley los miembros del Poder Judicial tengan que informar a sus superiores sobre hechos relacionados con su vida privada.
Consultada en tanto si no ameritaba que la jueza de Chiguayante ejerciera acciones legales contra la tienda Sodimac, tras acreditar la justicia que los guardias actuaron de forma improcedente e imputándole falsamente un delito, la Asociación de Magistrados calificó el hecho ocurrido a María Francisca Silva sólo como un mal rato.
Por último, sobre la investigación que podría ordenar la Corte de Apelaciones de Concepción respecto de la celeridad con que el Juzgado de Garantía de Talcahuano dictó el sobreseimiento, la presidenta de los magistrados aseguró que se trató de un trámite normal como el que se podría haber aplicado a cualquier persona.
