La Corte Suprema dictó una serie de medidas que deberán agilizar el trámite de las causas por violación de derechos humanos en segunda instancia, de manera de impedir demoras como las del caso Santa Bárbara, que debió esperar casi cinco años para la revisión del fallo en la Corte de Apelaciones de Concepción.
Fue a raíz de un informe de Ricardo Blanco, ministro coordinador de los jueces que investigan delitos de lesa humanidad, que el máximo tribunal decidió las instrucciones para terminar con la demora en la revisión de los fallos de primera instancia.
De esa situación dio cuenta el abogado Patricio Robles, exjefe del Programa de Derechos Humanos en Concepción.
Y por eso lo que ordena la Corte Suprema a los presidentes de las Cortes de Apelaciones del país es que supervigilen que todos los trámites sean realizados antes de programar los alegatos para las sentencias respecto de los recursos que se presenten, entre otras medidas, lo que fue saludado por Catina Randolph, quien ha vivido la lentitud en el caso de su hermano asesinado por exmiembros de Carabineros en la década de los 80.
Además, la Suprema ordenó que relatores especiales se aboquen al estudio de los expedientes, de manera de impedir que las complejas causas pasen de un funcionario a otro, aspecto clave para el fallo de una Corte de Apelaciones que debe recibir de ese funcionario abogado los detalles de la resolución dictada por los ministros en visita, medida que fue destacada por Robles.
Además del caso Randolph, otra causa que demoró en ser revisada por el tribunal de alzada fue la que investigó el crimen de 28 campesinos de la provincia de Bío Bío, que a seis años del fallo de primera instancia recién está siendo enviado a la Corte Suprema para la sentencia definitiva.
