La Corte Suprema solicitó un informe que podría ser clave en el caso del alumno del liceo Enrique Molina Garmendia a quien se aplicó la Ley Aula Segura.

Se trata de un certificado que deberá evacuar el seremi de Educación, Fernando Peña, en cuanto a si el estudiante expulsado fue reubicado en otro establecimiento y si además como lo obliga la norma, el joven está siendo sometido a algún tipo de apoyo psicosocial que permita su inserción en la nueva comunidad escolar.

El informe, señala la Corte Suprema, servirá para resolver el recurso de protección presentado por la madre del alumno sancionado, Linda Aqueveque, acción legal que la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó al estimar que la Ley Aula Segura se había aplicado sin vulnerar los derechos del alumno expulsado del Enrique Molina, al determinar el director del liceo que participó en actos de violencia en abril pasado.

Por la madre del estudiante sancionado, se sabe que desde la expulsión su hijo no ha sido reubicado en otro establecimiento educacional, rechazando esa posibilidad al insistir en su denuncia contra la investigación y la demanda para su reincorporación al emblemático liceo penquista.