Los apoderados del colegio Almondale Valle de Concepción denunciaron que desde el próximo año sus hijos podrían quedarse sin establecimiento, esto al decidir la fundación sostenedora renunciar a seguir con el proyecto tal como hoy funciona y partir en marzo de 2020 como particular pagado bajo una nueva administración. Dicho en simple, la entidad cambiará de dueño.

Fue en el marco del trámite del recurso de protección presentado contra la decisión de la Fundación Almondale Valle de pasar de particular subvencionado a particular pagado que se conoció el nuevo escenario que enfrentan los padres de los 800 alumnos del colegio.

Esa acción legal ya no tenía sentido pues el cambio de modalidad fue rechazado por la Seremi de Educación del Bío Bío, tras lo cual se informó a los apoderados la decisión de terminar con el colegio Almondale Valle tal como funciona hoy a cargo de la fundación que lo administra, según explicó el abogado Guillermo Rioseco.

Sin embargo, esa medida también fue rechazada por el seremi Fernando Peña, argumentando que la solicitud se hizo fuera de plazo, lo que no es aceptado por el representante de la fundación, Ismael Palacios, asegurando que han cumplido con la legislación y que por lo tanto a partir de marzo de 2020 el nuevo establecimiento parte como particular pagado y que si se insiste en la negativa acudirán a todas las instancias para que se reconozca su decisión.

En ese escenario, según indicó la vocera de los padres y apoderados, Paula Alvareza, se pone en riesgo que quienes no puedan asumir el nuevo contrato, que implicaría pagar el triple de la mensualidad hoy cancelada, se queden sin un colegio.

Fueron infructuosos los intentos de obtener una versión desde la Seremi y la Superintendencia de Educación, explicándose que ni Fernando Peña ni Rodrigo Yévenes están en funciones esta semana, aunque sí se admitió que se había rechazado la renuncia al reconocimiento oficial, por lo que según la ley si la actual fundación del Almondale Valle se niega a seguir con el proyecto educacional será la autoridad la que nombre un administrador provisional si es que se mantiene la decisión de ilegalidad de la decisión de los actuales administradores del colegio.