Pese a que llevan dos semanas con siete ministros inhabilitados para intervenir en causas del Ministerio Público, desde la Corte de Apelaciones de Concepción aseguraron que están funcionado con normalidad.
La inédita situación se originó tras ser acogida a trámite y remitida a la Fiscalía para investigación criminal una querella por desacato contra los miembros del tribunal de alzada.
Si bien inicialmente fue complejo el funcionamiento de las seis salas de la corte, por lo que se vieron obligados a confomar tribunales especiales para la vista de los recursos de la Fiscalía, de la Defensoría y de los defensores privados, la presidencia ha logrado normalizar la situación, según lo señalado por el ministro Jaime Solís Pino.
El ministro Solís subrayó que están tomadas las providencias para que en salas donde intervengan jueces inhabilitados por la querella sean reemplazados por otros miembros colaboradores de la Corte de Apelaciones.
La querella contra los miembros del tribunal de alzada fue presentada por el exjuez Leonel Castro, quien denunció que en 2015, cuando desde su privado en el Juzgado de Cabrero se le robó su teléfono celular, se ordenó un sumario administrativo para determinar a los autores del hurto, investigación que nunca se realizó.
