La comunidad del Instituto San Pedro realizó una manifestación exigiendo que la Superintendencia y la Fiscalía realicen una rápida investigación de hechos que incluyen supuestos arrendamientos fraudulentos y falsificación de documentos por parte de la administración anterior del establecimiento.
Los manifestantes llegaron durante la tarde de este miércoles al frontis del recinto educacional para expresar su descontento, lo cual podría dejar al plantel sin posibilidad financiera o con la autorización ministerial revocada.
La presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Educacional Instituto San Pedro, Carol Nuñez, indicó que tras la demanda por el término de contrato de arriendo que interpusieron los anteriores sostenedores, que tampoco cumplieron a cabalidad con las remuneraciones y bonos de los docentes, aún les afecta.
“En este momento cuando tenemos el conocimiento de todas las falencias y errores administrativos, nos sentimos muy estafados y dolidos, estamos muy afectados como trabajadores”, expresó.
Por su parte, la sostenedora y representante legal, Lorena Gonzalez, señaló que cuando asumió la administración encontraron un establecimiento con serias deficiencias sanitarias, de seguridad, con desorden e irregularidades administrativas y financieras que detalló.
“Nos encontramos con documentación extraviada, talonarios de boletas que no se encontraban dentro del colegio, hay un procesos administrativo por problemas de rendición de gastos, no se pueden acreditar saldos, hay gastos que derechamente son falsos por concepto de arriendo”, declaró.
A juicio del abogado de la corporación, José Vargas, esto derivó en una querella por fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, encontrándose un déficit de 1.500 millones de pesos y sin que desde la Superintendencia de Educación se hiciera una fiscalización exhaustiva y con la inactividad que ha demostrado la Fiscalía para atender el caso.
“Organismos que tenían que fiscalizar como la Superintendencia de Educación derechamente no hicieron la pega, este no es un tema que se hizo ahora se arrastra a lo menos desde 2014. Tenemos una querella por fraude al Fisco, malversación de caudales publicos y lavado de activos presentada en mayo de año pasado”, sostuvo.
Los apoderados acompañaron la manifestación. Su preocupación radica en la posibilidad de que los 880 alumnos se queden sin establecimiento si el sostenedor decide o se ve obligado a cerrar, indicó la presidenta del Centro General de Padres, Sandra Valenzuela.
“Somos nosotros los que vamos a perder, nuestros hijos, sus amigos, su acogida, es un colegio donde todos los profesores, alumnos, y apoderados tienen confianza, es un colegio familiar”, manifestó.
