Un recurso de amparo y un sumario administrativo originó la brutal golpiza a un reo de la cárcel concesionada de Concepción, denunciándose además que los gendarmes intentaron no dejar registro del hecho. La víctima resultó con graves lesiones y contusiones en todo el cuerpo, a manos de personal penitenciario premunido de sables.
Desde Gendarmería del Bío Bío, aseguraron que como institución están facultados para hacer uso de la fuerza racional y proporcional, pero el sumario administrativo será el encargado de revisar si existió uso excesivo de fuerza.
El caso de Pedro Jaramillo Chávez, fue informado este sábado, cuando BioBioChile dio a conocer vídeos relacionados con el cuestionado procedimiento y que se desarrolló el 10 de abril pasado.
El episodio fue recientemente denunciado a la Corte de Apelaciones de Concepción a través de dos recursos de amparo de la Defensoría y del Instituto de Derechos Humanos a más de un mes de ocurrido los hechos.
El defensor Alejandro Vera explicó que lo denunciado es que el interno fue blanco de maltratos que lo dejaron con graves lesiones, sin desconocer el porte de un arma por parte de la víctima, lo que -subrayó- no justifica el excesivo uso de la fuerza por parte de los gendarmes.
Las pruebas del procedimiento carcelario son registros de cámaras de seguridad y de una Gopro adosada al uniforme de un funcionario penitenciario, el que según el defensor evitó captar el momento mismo de la golpiza.
El violento actuar del personal carcelario ya es objeto de un sumario administrativo, según confirmó el director regional de Gendarmería, coronel Ditter Villarroel, quien rechazó categóricamente este tipo de conductas contra la población penal.
“Nosotros como institución estamos facultados para hacer uso de la fuerza, racional proporcional y cualquier acción que no este circunscrita a estos límites, es objeto de cuestionamiento”, aseguró el coronel.
Sumado a la golpiza, se denuncia como irregular que Pedro Jaramillo no haya sido atendido de inmediato por personal médico y que la atención se dio sólo una semana después del brutal episodio de fuerza, tras presentarse la denuncia al Juzgado de Garantía que a su vez ofició a la Fiscalía para la investigación criminal.
