Un recurso de protección fue presentado contra el Colegio Almondale Valle, pidiendo que se declare ilegal la decisión para convertirse en particular pagado a partir del próximo año.

La acción legal es de la abogada Ximena Gómez Contreras, en nombre de su hija y “todos los alumnos del Colegio Almondale Valle”, denunciando que recién el 12 de abril pasado -a través de un correo electrónico- se informó el inicio del proceso ante la Seremi de Educación para pasar a contar en 2020 de subvencionado a particular pagado.

Además del impacto económico, que se triplica con una mensualidad de 270 mil pesos, la apoderada denunció que la medida dejará a cientos de alumnos sin un establecimiento, configurándose una discriminación respecto de quienes no podrán pagar esa cantidad de dinero, y además vulnerándose la obligación del Estado de otorgar a todas las personas una educación inclusiva de calidad.

Sobre el recurso de protección, el presidente del Centro de Padres de Almondale Valle, Rubén Valderrama, dijo desconocer su presentación, pero respetó la decisión de la apoderada.

“Esa apoderada tiene todo el derecho de hacerlo, no tiene por qué hacernos caso a nosotros, hacer lo que el centro general quiere. Cada uno es libre como persona, como ciudadano de tomar las medidas que encuentre necesarias para resguardar la educación de su hijo”, expresó Valderrama.

Uno de los políticos que respaldan a los apoderados del Colegio Almondale es el senador Alejandro Navarro, quien subrayó en el alza que significa pagar por un establecimiento particular pagado y además en que actualmente no existe en la zona otro colegio del mismo nivel.

“El costo de particular pagado no lo pueden asumir, claramente es elevadísimo y queremos que Almondale Valle siga siendo particular subvencionado para que la comunidad que hemos construido permanezca en el colegio y no tenga que migrar porque no hay otras alternativas”, declaró.

Consecuencias

Rubén Valderrama además indicó que de acuerdo a un sondeo del Centro de Apoderados, de concretarse el cambio de modalidad un 80% de los estudiantes dejarían el establecimiento, obligándolos a buscar un cupo que no existiría en colegios con las mismas condiciones de calidad y costo.

“Somos 800 alumnos aproximados en el colegio, van a tener que irse unos 600 por lo menos, entonces es mucha gente, muchos niños que están quedando sin educación a raíz de una decisión tomada de esa forma”, aseveró.

La Corte de Apelaciones de Concepción debería resolver entre la jornada de este lunes y mañana martes la admisibilidad del recurso, y una orden de no innovar que busca paralizar el proceso.

Sin embargo, según los antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, la acción legal sería declarada inadmisible pues fue presentada fuera de plazo al haber transcurrido más de cuatro meses desde cuando los padres y apoderados fueron notificados de la medida, a través del contrato de matrícula firmado en enero pasado.