Avanza la investigación administrativa contra la jueza de Familia de Tomé, Gabriela Varela, denunciada el año pasado por una serie de irregularidades que incluso la mantuvieron suspendida de funciones por alrededor de cinco meses meses, medida revocada en abril pasado.
Esta semana, la fiscal judicial Silvia Mutizábal interrogó a testigos de la defensa de la magistrada, a través de los cuales su abogado Rodrigo Silva busca desvirtuar varias de las acusaciones que existen en contra de su representada, entre ellas, las que dicen relación con la supuesta vulneración de derechos de menores en el ejercicio de su cargo.
Varela sería investigada además por denuncias de mal clima laboral en el tribunal tomecino, ausencias y atrasos injustificados en su trabajo, además de maltratos hacia abogados litigantes.
Según fuentes de Radio Bío Bío, la persecutora judicial estaría pronto a concluir la pesquisa, de manera de informar al Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción, que ordenó el sumario administrativo luego de la intervención de la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, quien incluso se constituyó en octubre del año pasado en el juzgado de Familia.
