Por cerca de dos horas se extendió el testimonio de Lorenza Cayuhan ante el Juzgado de Garantía de Concepción, haciendo una relación de lo que fue su traslado desde el penal de Arauco hasta el Sanatorio Alemán, donde fue sometida a un parto de emergencia con sus pies engrillados.

En su declaración, en el marco del procedimiento simplificado contra tres gendarmes acusados del delito del delito de vejación injusta, la mujer dio cuenta que el único momento en que se le retiraron las medidas de seguridad fue previo al ingreso al pabellón, luego de eso el funcionario penitenciario que la resguardaba volvió a instalarle el grillete y adosarlo a la camilla.

Lorenza Cayuhan, quien al momento de la cesárea cumplía una condena por robo con intimidación, expresó que confiaba en haber podido demostrar ante el tribunal la verdad de lo ocurrido en octubre de 2016 y que lo vivido por ella no se vuelva a repetir con ninguna mujer privada de libertad.

“Espero de que hoy día se hayan dado cuenta cuál es la verdad, ya había varias estipulaciones pero solamente yo sé cuál es la verdad, yo lo viví, esto me marcó, para mí no es fácil hablarlo ni volver a recordar el tiempo y creo que va a ser algo que me va a marcar de por vida“, expresó.

El abogado Nelson Miranda estimó que la declaración de su clienta acreditaba la acusación de la Fiscalía contra los gendarmes -un hombre y dos mujeres-, esperando el pronto término del juicio y que el veredicto sea condenatorio.

“En este caso, el juicio está dirigido contra los tres funcionarios de Gendarmeria, no podemos salir de ese marco, el delito es bastante leve dentro de la acción penal que son vejámenes injustos, por lo tanto, dada la mínima pena que tiene este delito, ya de por sí suponemos que el veredicto tendría que ser condenatorio“, aseguró Miranda.

Las audiencias en esta tercera semana de juicio fueron suspendidas hasta el próximo miércoles, sin descartarse que el viernes 10 de mayo se dicte una resolución por parte del juez Iohan León, arriesgando los funcionarios penitenciarios la pena de un año de suspensión del cargo, en caso de ser declarados culpables.