Una indemnización de poco más de 30 millones de pesos deberá pagar la Defensoría Penal del Bío Bío a una funcionaria que según acreditó el Juzgado del Trabajo de Concepción sufrió discriminación, tras ser desvinculada mientras se encontraba embarazada, y que por lo tanto la protegía el fuero maternal.

La sentencia fue dictada por la jueza Valeria Garrido en favor de la exadministrativa Marisol Bauzá Contreras, quien presentó la demanda de tutela laboral, concluyendo el tribunal que además del tema del embarazo se acreditó un maltrato y acoso laboral de parte de los superiores jerárquicos.

Un aspecto que destaca la sentencia es que la magistrada ordena al organismo demandado, representado por el defensor Osvaldo Pizarro, además del millonario pago de indemnizaciones, la entrega a Bauzá de una carta de recomendación para futuros trabajos, advirtiéndose que el incumplimiento de la medida podría conllevar el pago de una multa de otros 5 millones de pesos.

Sobre el fallo de primera instancia, la Defensoría Penal indicó que no se referiría al estar representada por el Consejo de Defensa del Estado, que escuetamente calificó la resolución como muy equivocada e inexplicable en la parte de la carta de recomendación.

No obstante, adelantaron la presentación de un recurso de nulidad, el que se fundamentaría -entre otras razones- que el embarazo de la trabajadora no fue conocido sino hasta dos meses después de la desvinculación.