Una millonaria indemnización deberá pagar el Fisco a la familia de un reo de la cárcel El Manzano de Concepción, asesinado en 2014 por otro preso. La justicia determinó que Gendarmería no tenía la vigilancia para resguardar la seguridad de su población y además impidiéndose que se pudiera identificar y sancionar al responsable del homicidio.
Al pago de una reparación de 55 millones de pesos por el daño moral sufrido fue condenado el Estado a raíz del asesinato de Juan Castillo Sepúlveda, un preso de 24 años que hace casi cinco años se vio envuelto en una riña en la cárcel penquista.
El abogado Adolfo Ortega demandó entonces por falta de servicio al Fisco, en nombre de los padres y hermana de la víctima, lo que fue acreditado por los tribunales, precisando el profesional la responsabilidad del organismo penitenciario en este caso.
Como prueba principal, acogida por el Segundo Juzgado Civil de Concepción y de ahí hasta la Corte Suprema, se determinó que la cárcel El Manzano no contaba con un sistema para resguardar la seguridad de los internos, precisó el abogado Ortega.
Además, los jueces subrayaron en que esa misma falencia impidió identificar y sancionar al responsable de agredir con un arma blanca a Juan Castillo, por lo que el crimen quedó impune y de ahí la indemnización de 25 millones de pesos para la madre, 20 millones para el padre y 10 millones de pesos para la hermana.
