La sentencia definitiva de la Corte Suprema señaló que el Estado deberá pagar una indemnización de 50 millones de pesos a una persona torturada durante la dictadura como reparación del daño moral sufrido.
El caso es el de Carlos Bastías Kessi, de 16 años de edad en 1974, cuando fue detenido en Concepción por militares y sometido a apremios ilegitimos durante la privación de libertad.
Tras ser acreditada la violación de Derechos Humanos (DDHH) por la Comisión Valech, la víctima presentó una demanda contra el Estado, la que fue acogida, según lo señaló la Corte Suprema.
El abogado demandante, Carlos Alegría, indicó que el fallo podría abrir la puerta para que otras víctimas de la dictadura podrían presentar una similar acción legal.
El Consejo de Defensa del Estado defendió la causa, asegurando que estaba prescrita la responsabilidad civil, pero también argumentando las reparaciones del Fisco a la víctima a través de la pensión entregada, lo que explicó la jueza del Primer Juzgado Civil penquista, Margarita Sanhueza, no son equivalente a una reparación del daño moral.
Se trata de uno de los pocos fallos que han dictado los tribunales por apremios ilegítimos, acogiendo las demandas, pues en otras causas se han acogido los argumentos del Estado y rechazado el pago de la indemnización.
