Nacional
Miércoles 19 diciembre de 2018 | Publicado a las 16:15 · Actualizado a las 16:29
Estudiante UdeC asesinado en dictadura por carabineros: nieto de juez recuerda secuestro y amenazas
Por Yerko Roa
La información es de Fabián Polanco
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El nieto del ministro en visita que investigó primero el Caso Randolph en 1985 destacó el fallo que aumentó las penas para los responsables del crimen del alumno de la Universidad de Concepción. Ignacio Sapiaín recordó que en un intento de impedir la investigación, los Carabineros amenazaron a funcionarios del Poder Judicial e incluso se secuestró e hirió a la esposa del actuario que asistía a su abuelo.

Fue el ministro Jos√© Mart√≠nez Gaensly quien investig√≥ hace 33 a√Īos el homicidio del universitario Jos√© Randolph, detenido por una infracci√≥n de tr√°nsito y quien despu√©s apareci√≥ muerto en el sector Rocoto de Talcahuano.

En el marco de las diligencias que apuntaban a funcionarios de Carabineros como responsables del crimen, desconocidos actuaron contra el juez y su familia.

Incluso, la esposa de un actuario de la Corte de Apelaciones de Concepci√≥n que asist√≠a al ministro sufri√≥ un doble secuestro. En uno de ellos fue herida, seg√ļn record√≥ Sapia√≠n.

José Randolph | Museo de la Memoria
José Randolph | Museo de la Memoria

De allí la gravedad del caso, subrayó Sapiaín, no sólo por tratarse de una violación de derechos humanos sino también por el abuso de sus cargos como agentes del Estado en dictadura para intentar dejar en la impunidad el homicidio.

No obstante el aumento de las condenas de tres a√Īos, con libertad vigilada, a cinco de c√°rcel efectiva, para el abogado las penas son a√ļn bajas para los exuniformados Mauricio Vera y Jaime Barr√≠a, expresando que ni siquiera el car√°cter efectivo de la condena sanciona el actuar de los carabineros en retiro.

Será en todo caso la Corte Suprema la que dicte el fallo definitivo, a donde seguramente llegará el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Concepción, por los recursos que podrían interponer tanto los condenados como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que debería pagar 240 millones de pesos a las hermanas de la víctima.

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