Un segundo recurso de protección presentó la jueza de Familia de Tomé, Gabriela Varela, suspendida de sus funciones en el marco de un sumario administrativo por supuestas irregularidades en su trabajo judicial.
La primera acción legal fue contra los 16 ministros de la Corte de Apelaciones de Concepción que ordenaron la investigación y decidieron separarla del cargo, aunque después la presentación fue ampliada a todos los miembros del tribunal, en un intento de inhabilitar a los magistrados.
El segundo recurso fue presentado ahora contra la fiscal judicial, Silvia Mutizábal, a cargo del sumario, denunciando que la funcionaria ha infringido el debido proceso al haber -según la jueza de Familia- llamado a través de una radio comunitaria para que las personas que tengan un reclamo presenten sus denuncias.
Ambos libelos fueron acogidos a trámite por ministros que no intervinieron en la apertura del sumario y la suspensión de funciones, rechazando así el intento de la magistrada Varela para que las causas fueran enviadas a la Corte de Chillán y se resolvieran según ella en un tribunal no inhabilitado e imparcial.
