Un nuevo recurso de protección en favor de una paciente con atrofia muscular espinal fue presentado en la Corte de Apelaciones de Concepción, argumentándose ahora que la Convención Internacional de los Derechos del Niño obliga la entrega del costoso y millonario tratamiento por parte del Estado.
Se trata del caso de Catalina Crisosto, de siete años, atendida en el Hospital Regional de Concepción, cuyos padres denunciaron a la justicia que el Ministerio de Salud y el Fonasa se niegan a entregar el tratamiento su hija a través de la compra del medicamento Spinraza.
La acción legal es la cuarta presentada en el año y la segunda en dos semanas patrocinada por el Colegio de Abogados penquista, cuyo presidente, Marcelo Parodi, argumentó la Convención Internacional del Niño para que se ordene al Estado dar el tratamiento negado hasta ahora.
Las dosis de Spinraza para el primer año de tratamiento tiene un costo de 500 millones de pesos, monto que el Servicio de Salud y el Fonasa rechazan argumentando la falta de presupuesto y la incertidumbre respecto de la eficacia para paliar los daños de la atrofia muscular espinal, según indicó la madre de Catalina, Ester Medel.
No obstante esto último, argumento acogido ya por el tribunal de alzada penquista para rechazar uno de los recursos, el padre de la Catalina, Sergio Crisosto, llamó a los jueces de Concepción a considerar que el Spinraza es hasta ahora el único tratamiento que si bien no cura la enfermedad, frena su avance.
En el país son casi 200 los menores diagnosticados con esta rara enfermedad, sin que tampoco la Ley Ricarte Soto la cubra para financiar el tratamiento y de allí los recursos de protección, tres de los cuales -incluido uno en Concepción- ya han ordenado al Estado el suministro del tratamiento.
