La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó al Ministerio de Salud y al Fonasa a suministrar a un paciente del Hospital Las Higueras el medicamento para tratar la atrofia muscular espinal. Se trata del segundo recurso del mismo tipo fallado por el tribunal de alzada, aunque en el primer caso fue rechazado.

Fue la Sexta Sala del tribunal de alzada la que ordenó al Fonasa y al Servicio de Salud Talcahuano costear el tratamiento, por un valor de 500 millones de pesos para los primeros 12 meses.

El argumentó fue que la negativa de los organismos estatales vulnera el derecho constitucional a la vida de Ignacio Alfaro, el menor diagnosticado con atrofia muscular espinal, así como la salud psíquica de sus padres.

El fallo, sin embargo, va en total contradicción con un primero dictado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones penquista, en favor de otro menor, Cristóbal Farías, quien sufre la misma y rara enfermedad no cubierta por la Ley Ricarte Soto, y a quien se negó la compra del remedio Spinraza.

Sobre las dos sentencias, el presidente (s) del tribunal de alzada, ministro Freddy Vásquez, explicó que podría deberse a los distintos criterios que pueden tener los miembros de las salas que resolvieron los recursos.

El comentario en tribunales es que para evitar estas situaciones, detonante de una eventual incerteza jurídica, la justicia debería revisar en forma conjunta los recursos de protección.

No obstante, según expresó el abogado Eduardo Tapia, una Corte de Apelaciones no puede muchas veces percatarse que se está frente a casos de una misma naturaleza, por lo que siempre está la posibilidad de acudir a la Corte Suprema, donde generalmente se unifican los criterios en torno a conflictos similares.

Los dos casos, de Ignacio y Cristóbal, fueron patrocinados por abogados de la Corporación de Asistencia Judicial, que justamente apelaron al máximo tribunal del país para intentar revertir la resolución y lograr que se ordene suministrar a Cristóbal el Spinraza.