En lo que ha sido la más dura declaración desde que fuera presentada la acusación constitucional, el ministro de la Corte Suprema, Guillermo Silva, advirtió que la eventual destitución de los miembros de la Sala Penal significaría un ataque mortal a la independencia del Poder Judicial (PJUD).
Si bien ya había se había hablado del peligro a la autonomía de los jueces y del componente político más que jurídico de la acusación constitucional, nadie de la Corte Suprema se había referido a la presentación de diputados de la ex Nueva Mayoría en los términos que lo hizo Guillermo Silva, ministro del máximo tribunal.
El miembro de la Sala Civil de la Suprema, al admitir la preocupación a raíz de la presentación, fue categórico en señalar que si se destituye a los ministros acusados por conceder la libertad condicional a violadores de derechos humanos se atacaría gravemente la independencia del Poder Judicial.
“Tenemos que estar preocupados porque es un asunto muy trascendente. Si llegara a prosperar la acusación constitucional ese es un ataque directo y de muerte a la independencia del Poder Judicial”, aseguró Silva.
Y eso se traduciría, expresó el alto magistrado, en que futuros integrantes de la Sala Penal se pudieran enfrentar a la posibilidad de ser acusados si es que mantuvieran la actual postura frente a los condenados por delitos de lesa humanidad.
“Quienes pasen a integrar esa Sala Penal tendrían que pasar a resolver de acuerdo a lo que decidan nuestros parlamentarios, porque en caso contrario (ocurriría) una nueva acusación constitucional y nos veríamos de nuevo envueltos en esto”, aseveró el ministro.
Durante una visita a la Corte de Apelaciones de Concepción, en representación de Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, el ministro Silva defendió la postura de los jueces acusados en materia de violaciones de derechos humanos, recordando, por ejemplo, las investigaciones y condenas dictadas por Hugo Dolmestch en ese tipo de causas.
