Municipios de la zona acumulan millonarias deudas por el pago de retiro de basura, lo que repercute en las arcas municipales.
La baja de las contribuciones generó un problema para este cobro mediante dicho sistema, por ejemplo, en el caso de Talcahuano los vecinos adeudan más de 3.000 millones de pesos.
La situación golpea con fuerza al presupuesto municipal y afecta a los propios vecinos.
A muchas personas de diferentes comunas les está llegando un cobro por derechos de retiro de residuos domiciliarios, el que en algunas oportunidades se puede pagar en cuatro cuotas, todo depende de cada casa edilicia.
Sin embargo, hay muchas personas que no han regularizado este pago. En el caso de Talcahuano, la deuda histórica supera los 3.000 millones de pesos, que por más de 20 años no han sido cancelados al municipio. Así lo dijo el administrador de la comuna, Alexis Silva.
En el caso de San Pedro de la Paz, la deuda de los vecinos supera los 2.000 millones de pesos, indicó el administrador Municipal Jorge Wong.
El administrador de la municipalidad de Concepción, Aldo Mardones, informó que tuvieron que diseñar un sistema de cobro, ya que con la baja del pago de las contribuciones muchos quedaron exentos de este pago donde además se incluía el pago por derechos de retiro de aseo.
Según informó la autoridad se espera que este año ingresen 2 mil 200 millones de pesos por este concepto, a la fecha ya van se tiene más del 50% de esa cifra.
Concepción es una ciudad grande, donde hay muchas propiedades que pagan contribuciones y -mediante ello- el retiro de la basura, a lo que se suman las patentes comerciales.
El problema lo tienen las comunas pequeñas, agregó el alcalde de Santa Juana y presidente de la Asociación de Municipios en la zona, Ángel Castro.
Además, la ley tiene algunas excepciones en el pago de los derechos de aseo que pueden eximir a los deudores.
Una de ellas, se da en el caso de que sea propietario de una vivienda que no supere los 21 millones de pesos según avalúo fiscal, cumpliendo además requisitos como tener más de 65 años, teniendo también -al menos- un 50% de discapacidad física o estar afectado por vulnerabilidad social extrema, por lo que es aconsejable acercarse a su municipio y consultar.
