La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción resolverá el lunes la admisibilidad de la querella por injurias y calumnias que enfrenta la ministra del caso Matute, acción legal presentada por el exdetective Héctor Arenas. La queja disciplinaria sería analizada en la misma jornada por el Pleno del tribunal de alzada, luego de recibir los descargos de Carola Rivas.

En una breve audiencia, la Corte de Apelaciones penquista sorteó la sala que decidirá si se acoge a trámite la querella de capítulos a través de la cual el prefecto en retiro de la PDI denunció a la ministra en visita por supuestamente imputarle delitos cuando lideró la investigación del caso Matute.

Fue la Cuarta Sala la seleccionada para escuchar los alegatos programados para primera hora del lunes, y después de los cuales los ministros decidirán si Carola Rivas deberá ir a juicio por las injurias y calumnias que le imputa Héctor Arenas, a cargo del caso tras la desaparición de Jorge Matute Johns en 1999.

El presidente del tribunal de alzada, ministro César Panés, explicó lo que deberán analizar los miembros de la sala ante la cual se expondrán los antecedentes de la querella.

Y ese órgano es el Juzgado de Garantía de Concepción, puntualizó el ministro Panés, advirtiendo el presidente del tribunal de alzada que en todo caso las partes podrán apelar la resolución a la Corte Suprema.

En paralelo, el lunes también el Pleno de la Corte de Apelaciones podría revisar la queja administrativa presentada también por Arenas, denunciando a la ministra Rivas por entregar antecedentes de una investigación reservada, que al igual que las injurias, habrían sido vertidas en las entrevistas concedidas por la jueza a fines de marzo.

Falta por resolver qué ministros integrarán la Cuarta Sala, pues varios de los pares de Carola Rivas seguramente se inhabilitarán, existiendo incluso la posibilidad de que si no hay suficientes ministros para formar tribunal, la querella tenga que ser remitida a Chillán para un pronunciamiento.

La primera consecuencia de la acción legal en caso de ser admitida a trámite, antes de un eventual juicio, es la suspensión de funciones para Rivas, medida que regiría hasta el fallo de fondo sobre las injurias y calumnias.