La justicia dejó sin efecto la orden de arresto que existía contra el cuarto exejecutivo de la CMPC procesado en el caso Laja San Rosendo como cómplice de los homicidios de 19 trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles el año 1973.
El ministro para causas por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, había decretado la detención de Carlos Ferrer, luego que el imputado no se presentara voluntariamente a la notificación del encausamiento.
Sin embargo, según trascendió, una hija del exfuncionario de la CMPC se contactó con la Corte de Apelaciones de Concepción para explicar que su padre se encuentra en su domicilio en Santiago, atravesando por un delicado estado de salud.
Con ese antecedente, el tribunal de alzada resolvió dejar sin efecto la orden de arresto y oficiar a un receptor judicial en la capital para que concurra al domicilio donde se encuentra Ferrer de manera de notificarlo del procesamiento como cómplice en la causa por delitos de lesa humanidad.
