El Programa de Derechos Humanos pidió ordenar la detención de dos de los exejecutivos de la papelera CMPC procesados en el caso de la masacre Laja-San Rosendo y que no se han presentado para la notificación de los cargos por la complicidad en un delito de lesa humanidad.

Cuatro exfuncionarios de la CMPC están acusados por entregar a Carabineros los elementos que permitieron la detención, ejecución e inhumación —entierro de cadáver— de los 19 trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles en septiembre de 1973.

Las víctimas eran partidarios de movimientos y partidos de izquierda de la época y gran parte de ellos trabajaban para CMPC en la región del Bío Bío.

En la causa se ha procesado a unos 11 uniformados, pero también la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó a mediados de marzo pasado el procesamiento de Carlos Ferrer, Pedro Jarpa, Lionel Aguilera y Rodolfo Román, pues se los acusa de ser cómplices.

Hasta ahora sólo Pedro Jarpa y Lionel Aguilera han concurrido al tribunal de alzada para la notificación de los cargos como cómplices de los homicidios.

Por ello, el ministro Carlos Aldana había dado plazo hasta este viernes para que Carlos Ferrer y Rodolfo Román se notificaran. Debido a que no concurrieron el Programa de Derechos Humanos pidió se despachara una orden de detención en su contra.

Mauricio Araneda, abogado querellante en el caso e hijo de una de las víctimas, expresó que la medida es necesaria pues es lo que corresponde cuando los acusados no concurren por sus propios medios.

El ministro Aldana pidió esta jornada a la Policía de Investigaciones (PDI) informar si Ferrer y Román habían recibido también las citaciones, adelantando que si la respuesta es afirmativa a más tardar el lunes podría despachar las órdenes de detención.