El Programa de Derechos Humanos, pidió a la Corte de Apelaciones de Concepción precisar el fallo que ordenó el procesamiento de cuatro civiles como cómplices de los homicidios en el caso Laja-San Rosendo.
Y es que la sentencia de la Quinta Sala la semana pasada no ordenó la detención de los exejecutivos y exfuncionarios de la CMPC, por lo que el ministro Carlos Aldana había indicado ayer que sólo los citaría para la notificación de los encausamientos.
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Ante este escenario es que el abogado Patricio Robles, querellante en el emblemático proceso por el crimen de 19 trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles en 1973, solicitó la aclaración a los ministros, de manera de que respecto de Pedro Jarpa, Carlos Ferrer, Lionel Aguilera y Rodolfo Román se despache una orden de aprehensión.
Este martes debería resolverse la solicitud del Programa de Derechos Humanos al tribunal de alzada, tras lo cual el expediente regresará al despacho del ministro Aldana para que proceda con la notificación de los civiles en una causa que hasta ahora tenía sólo exmiembros de Carabineros como procesados.
