La Corte de Apelaciones de Concepción revisó finalmente -después de meses de ser presentados- los recursos que buscan el procesamiento de civiles por la matanza de Laja San Rosendo el año 1973.
Ante los ministros de la Quinta Sala se realizaron los alegatos de los querellantes, pidiendo revocar la resolución del ministro Carlos Aldana, que rechazó encausar a los exejecutivos de la CMPC como cómplices de los secuestros y homicidios de 19 trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles tras el golpe militar.
De acuerdo a los abogados del Programa de Derechos Humanos y de familiares de las víctimas, ya existen en el sumario antecedentes para acreditar la responsabilidad de Leonel Aguilera, Pedro Jarpa, Rodolfo Román y Carlos Ferrer en los crímenes, al haber entregado a Carabineros los nombres de los dirigentes opositores a la dictadura y también de proporcionar a la policía los elementos para llevar a cabo las ejecuciones. Entre ellos vehículos para transportar a los detenidos y la cal con la que fueron tapados los cuerpos tras ser acribillados en el Fundo San Juan.
Serán los ministros Juan Villa, Carola Rivas y Yolanda Méndes, quienes resuelvan los recursos y determinen si los argumentos entregados por los querellantes son suficientes para procesar a los civiles en una de las más emblemáticas causas por violación de derechos humanos en el Bío Bío, y en la cual hasta ahora aparecen como responsables sólo exmiembros de Carabineros.
Alegaron ante la Corte los abogados Patricio Robles, del Programa de Derechos Humanos, Mauricio Araneda como querellante e hijo de una de las victimas, además de Adolfo Montiel, por otros de los asesinados en el caso Laja San Rosendo.
