Este sábado, la Asociación de Contratistas Forestales rechazó el cierre de la Operación Huracán, calificando los hechos como un fracaso para la Justicia de Chile y para el actual Gobierno.
El abogado del gremio, Rodrigo Ruíz, aseveró que el Ministerio Público da una mala señal al país al no perseverar en la acción judicial contra los presuntos responsables de los hechos acontecidos en La Araucanía.
Ruiz lamentó la señal que entrega la Fiscalía al país tras tomar tal decisión.
El jurista enfatizó que el Estado debe no sólo proteger la libertad de trabajo de todos los chilenos, sino también debe velar por la seguridad de cada uno de ellos; situación que no ha ocurrido en el caso de los trabajadores forestales.
Rodrigo Ruiz calificó de ineficiente la política del Ejecutivo en esta materia e indicó que no descarta iniciar acciones legales contra los que resulten responsables en los hechos y contra el Gobierno.
Actualmente son más de 10 mil los trabajadores y 120 las empresas contratistas forestales que se han visto afectadas por los hechos de violencia sólo en la región de La Araucanía; compañías que han sufrido pérdidas sobre los 10 mil millones de dólares por concepto de quema y destrucción de maquinarias, indicó el abogado.
