Bajo investigación de Contraloría se encuentra la Universidad del Bío Bío, luego de que se constatara la falta de cobros de poco más de 923 millones de pesos adeudados por docentes, en quienes la casa de estudio invirtió recursos para su perfeccionamiento, pero que por distintas razones se les cesó el patrocinio.

De acuerdo al documento del organismo de control, al que tuvo acceso BioBioChile, son 16 los profesores a los que la entidad no les cobró los dineros adeudados, luego de que a éstos se les quitara el beneficio para continuar estudios, entre otras causas por abandonar voluntariamente los programas de perfeccionamiento, no terminar los cursos dentro de los plazos dispuestos por la UBB o perder la condición de académico de la casa de estudios.

Dentro los nombres de los involucrados que adeudaban dineros y a quienes no se les cobró, están Isaías Bravo Brito quien dejó la casa de estudios penquista y que ahora ocupa el cargo de coordinador de Instituciones de Educación Superior en el Ministerio de Educación; Vicente Pita Vives, tío de Rafael Garay; y Claudio Correa Rogel, quien ahora es jefe de carrera de Ingeniería Civil en otra universidad de la zona, entre muchos otros.

El caso de Pita es particular, ya que pese a que presenta una de las deudas más bajas, en el informe la universidad argumenta que el docente había pagado, sin embargo, no existe documento que lo respalde en los archivos.

Durante el periodo examinado por la Contraloría (1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2016), se verificó que la UBB no efectúo acciones administrativas ni judiciales de cobro a seis docentes, habiendo transcurrido un plazo superior a los a cinco años, contando desde el día en se que dispuso el término del patrocinio.

En total, la deuda de estos profesores suman más de 569 millones de pesos, como se puede apreciar en el cuadro extraído de la auditoría.

Requeridos por el órgano contralor por la falta de cobros, desde la entidad respondieron que no existía un procedimiento formal para realizarlos.

A esta situación se suma que sólo tres de los seis académicos involucrados se mantienen vinculados a la UBB y que recién en agosto de 2017 se iniciaron las cobranzas a través de una empresa externa.

Posible prescripción

Además de los 569 millones de pesos adeudados, se detectaron otros 354 millones de pesos que tampoco fueron cobrados con antelación al periodo examinado, monto que incluso podría perder la universidad, considerando que los profesores podrían apelar a la prescripción de la deuda.

Ese es el caso de diez docentes, como se grafica en la siguiente tabla:

Falta de pagarés

Asimismo, la auditoría reveló que otros cinco profesores no contaban con documentos que garantizaran el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la UBB, entre ellos la suscripción de un pagaré, al que estaban obligados por reglamento a firmar.

“Así las cosas, esta casa de estudios no requirió la señalada garantía a los docentes”, consigna el informe.

Atrasos

Otro de los puntos abordados en la auditoría realizada por la Contraloría guardan relación con los decretos que conceden el patrocinio de la U. del Bío Bío a los docentes mencionados, puesto que algunos de estos documentos y aquellos que autorizan la extensión del beneficio son dictados en fechas muy posteriores al inicio de los programas de perfeccionamiento.

Dichas demoras, que constituyen una infracción a la ley de acuerdo a la Contraloría, fueron atribuidas por la universidad a descoordinaciones entre las unidades académicas y administrativas, además del retraso en el conocimiento y aprobación.

Incluso, se comprobó la ausencia del decreto universitario que los designa en comisión para cursar dichos estudios.

En otras palabras, al menos cinco docentes comenzaron los programas de perfeccionamiento (cuatro de ellos en Chile y uno en España), pese a que no se había dictado el documento que los autorizaban.

A su vez, se comprobó la demora en la dictación de decretos que disponen el cese del patrocinio, los que hasta el 31 de diciembre de 2016 no habían sido elaborados y que en algunos casos superaban los 4.200 días de retraso.

Revisa el documento a continuación: