La Corte de Apelaciones de Concepción aumentó la condena para los responsables de la muerte del último intendente de la Unidad Popular en el Bío Bío, Fernando Álvarez, aunque manteniendo el beneficio de la libertad vigilada. En otro aspecto, la sentencia confirmó la millonaria indemnización que deberá pagar el Fisco a la familia de la exautoridad.
Habían sido 3 años y 1 día de cárcel los decretados por el ministro Carlos Aldana en el caso de Fernando Álvarez, el último intendente de Salvador Allende en Concepción, quien dejó de existir en una unidad policial el 8 de noviembre de 1973.
La sanción se aplicó a los exmiembros de Carabineros y del Ejército, Sergio Arévalo y José Francisco Puga, acusados como autores del delito de torturas con resultado de muerte, y concediéndoles la libertad vigilada, no obstante el informe presentencial de Gendarmería que no aconsejaba el beneficio.
Tras revisar el fallo, la Corte de Apelaciones penquista aumentó a 4 años la condena, pero manteniendo el cumplimiento en libertad, lo que fue cuestionado por el Programa de Derechos Humanos, cuyo abogado, Patricio Robles, adelantó que recurrirán a la Corte Suprema.
Como querellante, el abogado Robles cree que la pena debería ser equivalente a la que se contempla para el homicidio y de allí el recurso que preparan ante el máximo tribunal.
Quien sí destacó la sentencia fue el abogado de la familia del exintendente, Adolfo Montiel, pero en cuanto a que se confirmaran los 360 millones de pesos que en indemnización deberá pagar el Fisco a la viuda y los tres hijos de Álvarez.
El Consejo de Defensa pedía revocar la millonaria reparación, argumentando que estaba prescrita la responsabilidad civil del Estado, por lo que el organismo igualmente analizaría una recurso ante la Suprema, por lo que será el máximo tribunal del país que el que resuelva este emblemático caso.
