Finalmente y tras más de un año desde presentados los recursos contra el fallo, la Corte de Apelaciones de Concepción revisó las condenas dictadas por la muerte de Fernando Álvarez, exintendente de Salvador Allende en el Bío Bío. En este caso la justicia acreditó la responsabilidad de dos exuniformados, recibiendo ambos penas a ser cumplidas en libertad.
En agosto de 2016 el ministro Carlos Aldana dictó la sentencia que acreditó la responsabilidad del exmiembro de Carabineros, Sergio Arévalo, y del suboficial en retiro del Ejército, José Puga, en las torturas que causaron la muerte de la autoridad de gobierno en un día como hoy, pero hace 44 años.
Inmediatamente, los querellantes presentaron sendas apelaciones contra el fallo, cuestionando la pena decretada de 3 años y 1 día de cárcel con el beneficio de la libertad vigilada para los exuniformados.
Luego de ocho audiencias suspendidas, el tribunal de alzada penquista escuchó los alegatos, donde el abogado del Programa de Derechos Humanos, Patricio Robles, pidió aumentar las condenas y equipararlas con las que contempla la ley para el homicidio.
El ministro Aldana, desechando la opinión de Gendarmería, que estaba porque los acusados cumplieran tras las rejas los 3 años y 1 día de prisión, concedió la libertad vigilada, que es lo que los querellantes piden en subsidio al aumento de las penas.
Ante los ministros de la Cuarta Sala alegó también el representante del Consejo de Defensa del Estado, que busca revocar la indemnización decretada por la justicia, de 360 millones de pesos para la viuda e hijos de Álvarez, al establecerse la responsabilidad del Estado en la muerte del último intendente de la Unidad Popular en Concepción.
