En dos oportunidades el funcionario de la Intendencia del Bío Bío, Alejandro Ruiz Tagle, a quien la Contraloría pidió realizar una proceso sancionatorio, habría omitido información respecto de que tenía una vivienda propia, para así conseguir una casa fiscal.
El profesional de contabilidad de la repartición gubernamental habría ocultado que era dueño de una casa los años 2005 y 2015, razón por la que la Contraloría ordenó a la Intendencia a iniciar un proceso sancionatorio.
El abogado asesor de la entidad estatal, Sebastián Maldonado, dijo que el proceso sancionatorio es flexible, es decir, existe la posibilidad de que las personas que autorizaron el uso de una casa fiscal, sin ajustarse a la normativa, también podrían ser sancionados.
El siguiente paso es nombrar a un fiscal para que lleve adelante este proceso sancionatorio, cuyo documento debe estar en Contraloría a más tardar este viernes, aunque todo el proceso podría durar dos meses, aproximadamente.
El investigado tiene fuero, ya que es presidente de los funcionarios de la Intendencia. Sin embargo, este cargo sindical no sería impedimento para que pueda recibir algún tipo de sanción. No se descarta que incluso pueda ser destituido de su cargo.
Son varios los funcionarios del Gobierno Regional que tienen sueldos millonarios, en algunos casos que llegan casi a los 3 millones de pesos y que pagan no más de 57 mil pesos por el arriendo de casas fiscales.
