Seis demandas contra el Estado presentaron en Concepción personas que denuncian haber sido torturadas durante la dictadura y cuyos casos fueron calificados por la Comisión Valech.
Las víctimas buscan que se repare el daño moral causado, pidiendo indemnizaciones por sobre los $250 millones, cada una.
Una de las acciones legales representa a José Reyes Contreras, detenido en Chiguayante en noviembre de 1973 por una patrulla de Carabineros, siendo llevado primero a la Comisaría local y después al Regimiento Guías, donde fue golpeado con pies y puños, recibiendo además la aplicación de electricidad en sus genitales, antes de su traslado al Estadio Regional.
Otros casos dan cuenta de fusilamientos simulados, como detalló el abogado Carlos Alegría, patrocinante de las demandas.
Justamente es la gravedad de los apremios recibidos lo que está determinando el monto de las indemnizaciones perseguidas y que van desde los 250 a los 400 millones de pesos.
El objetivo es que el Estado repare el daño moral causado a sus clientes, subrayó el profesional, descartando los argumentos que se espera esgrima el Consejo de Defensa del Estado en cuanto a que los casos calificados por la Comisión Valech ya reciben mensualmente una pensión y tiene acceso a atención de salud gratuita.
Sobre la discusión del secreto con que fueron entregados los antecedentes a la Comisión Valech, el abogado experto en derechos humanos, Adolfo Montiel, indicó que si las víctimas presentaron las demandas es porque decidieron levantar la reserva de manera que la justicia acredite la responsabilidad del Fisco en las torturas a manos de agentes del Estado.
El abogado patrocinante de las seis demandas interpuestas aclaró además que sus representados no individualizan a sus victimarios, ni a otras personas que pudieran ser testigos de los apremios, descartando igualmente que vayan a perseguir la responsabilidad penal.
