El superintendente de Medio Ambiente, Cristian Franz, afirmó que ha sido exitoso el proceso de reporte de emisiones que comenzó este año, como parte de la entrada en vigencia del impuesto verde.

El cobro se aplicará por primera vez en marzo del 2018 a 93 empresas del país, de las cuales 29 se ubican en la región del Bío Bío.

La medida es parte de la reforma tributaria y se basa en que cerca de 10 millones de personas en el país están expuestas a una concentración promedio anual de MP2,5 superior a la norma.

A su vez, la contaminación es responsable de al menos 4 mil muertes prematuras al año, por lo que este gravamen está dirigido a aquellos establecimientos con calderas de una potencia igual o superior a 50 mw.

El número de empresas fue definido por el Ministerio de Medio Ambiente, pero corresponde a la Superintendencia recibir los reportes de emisiones para que el Servicio de Impuestos Internos calcule el monto del impuesto, explicó el superintendente de Medio Ambiente, Cristian Franz.

De las 93 empresas afectas al nuevo impuesto, 29 están en la región del Bío Bío, principalmente generadoras de energía y pesqueras, que corresponden a un 31% del total nacional.

De este modo, las firmas deberán pagar cinco dólares por cada tonelada de CO2 emitida, por primera vez en 2018. En ese contexto, el superintendente Franz comentó que los reportes trimestrales han sido rigurosos y que el proceso en sí no ha tenido grandes inconvenientes.

El impuesto verde es el primer instrumento económico que grava de manera directa un mal en Chile, y las autoridades han dicho que es un primer paso en la incorporación de una nueva gama de instrumentos de gestión ambiental.

Sin embargo, desde varios sectores, tanto del ámbito político como productivo se ha insistido en que su efecto sería aún mayor si el monto recaudado pudiera retornar a las comunas donde se emplazan las empresas que contaminan.