Para la próxima semana fueron aplazados los alegatos en el recurso de protección presentado por el juez de Policía Local de Lebu, Héctor Troncoso, quien denunció a la Isapre Cruz Blanca por negarse a pagar por un medicamento para el tratamiento de la fibrosis pulmonar diagnosticada.
El magistrado requiere de casi $4 millones mensuales para costear la medicina Vargatef, cuyo pago es rechazado por la aseguradora, argumentando que eso no está pactado en el plan de salud suscrito y de allí que pide a la Corte de Apelaciones de Concepción rechazar la acción legal.
El fallo en este recurso ha generado interés nacional por el precedente que podría sentar, al admitir el juez afectado que si bien ni la enfermedad ni el tratamiento están protegidos por la normativa legal y contractual con Cruz Blanca, existe una inexcusable obligación constitucional para que la isapre otorgue la cobertura económica.
El jueves, debería haber sido revisada la acción legal por la Quinta Sala del tribunal de alzada, que en su pronunciamiento deberá considerar otro de los argumentos invocados por el juez Troncoso, como son los $12 mil millones en utilidades obtenidas por la isapre Cruz Blanca el año pasado, 216% más que en 2015.
