El Ministerio Público y el Gobierno apelaron la resolución del Tribunal Oral de Cañete que la semana pasada rebajó una de las penas que mantuvieron al líder de la CAM, Héctor Llaitul, en la cárcel hasta el año 2015, cuando recibió la libertad condicional.
Llaitul fue beneficiado por una interpretación de la Ley Corta Antidelincuencia, que eliminó la agravante que se aplicaba a personas imputadas y que delinquían en grupo, es decir, cuando el ilícito era perpetrado por dos o más malechores, como señalaba el Código Penal.
Fue el fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo, quien primero apeló el fallo que rebajó de 10 a 5 años la sanción impuesta contra Héctor Llaitul por el delito de robo con intimidación, precisando que es equivocado el planteamiento de la Defensoría.
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Sin embargo el Tribunal Oral de Cañete declaró improcedente el recurso, argumentando el artículo 364 del Código Procesal Penal, que declara inapelables las resoluciones de estos juzgados.
Ante ese pronunciamiento es que el Ministerio Público recurrió directamente a la Corte de Apelaciones de Concepción, mientras que en paralelo la Gobernación de Arauco pidió al mismo Tribunal Oral revertir la rebaja de condena, según lo confirmó la intendenta subrogante, Andrea Muñoz.
Según indicó la máxima autoridad regional, la solicitud busca reponer la pena original, argumentando el peligro que representa el líder de la CAM para la sociedad, precisando que este punto fue lo que llevó a la justicia a decretar la sanción contra Llaitul el año 2011.
Lo más probable es que el Tribunal Oral de Cañete rechace la apelación del Gobierno, siendo en definitiva la Corte de Apelaciones penquista la que se pronuncie si procede o no la posibilidad de impugnar la rebaja de una de las penas contra Héctor Llaitul, llevado a juicio por delitos enmarcados en el conflicto indígena.
