Cuatro años han pasado desde que se dictó el fallo por la desaparición de 28 campesinos en 1973 en Santa Bárbara y Quilaco, siendo condenados 17 exuniformados y civiles por secuestro calificado, sin que hasta ahora la Corte de Apelaciones de Concepción revise la sentencia. Por ello, familiares de las víctimas denuncian como negligente la actuación de la administración de justicia.
Fue en mayo de 2013, cuando la ministra en visita, Raquel Lermanda, dictó la sentencia que condenó a seis excarabineros y 11 civiles como responsables de la detención y desaparición de 28 campesinos de la provincia de Bío Bío, recibiendo penas de cárcel efectiva que van desde los 5 a los 14 años.
Sin embargo, hasta ahora ninguno de los cuatro presidentes que han pasado por el tribunal de alzada en este tiempo han agilizado la vista de los recursos de apelación presentados por los condenados, y las víctimas creen que podrían hasta morir esperando que se haga justicia con sus familiares, según expresó Norma Panes, esposa del desaparecido Miguel Cuevas.
Y es que, junto con ver cómo no se hace justicia, deben convivir diariamente con los victimarios, los responsables de lo ocurrido a sus seres queridos, al indicar Norma Panes que diariamente se encuentran con los condenados en las calles de Santa Bárbara.
Sobre la situación, que sus clientes atribuyen a una negligencias de la justicia, el abogado del Programa de Derechos Humanos, Patricio Robles, explicó que si bien la demora en la vista de la causa se debe a observaciones de relatores de la Corte a la sentencia, la dilación conspira contra el deseo de las víctimas.
Según se lee en el sistema del Poder Judicial, recién con fecha 29 de agosto la Corte de Apelaciones de Concepción admitió a trámite los recursos presentados por las defensas de los 17 condenados por violación de derechos humanos.
