Se mantiene el conflicto laboral entre la empresa Claro Vicuña Valenzuela y el sindicato que representa a los 150 trabajadores despedidos que se desempeñaban en la obra de remodelación de la cárcel El Manzano.
Al respecto el seremi de Justicia, Jorge Cáceres, aseguró que la situación no ha afectado el avance del proyecto y que el nuevo penal será entregado en febrero próximo.
Tras los incidentes que protagonizaron el viernes pasado los extrabajadores de la cárcel El Manzano en los tribunales de justicia, pidiendo a la presidenta Michelle Bachelet intervenir en el conflicto con Claro Vicuña Valenzuela, a cargo de las obras del penal, la empresa aseguró que no es efectivo lo señalado por el sindicato en cuanto al número de afectados.
El gremio ha asegurado que son 150 los obreros despedidos en el marco de la negociación colectiva, proceso suspendido por la Inspección del Trabajo.
Sin embargo, el gerente corporativo de Claro Vicuña, Jorge Uribe, puntualizó que el conflicto es sólo con 12 trabajadores que se han negado a firmar el finiquito, pues respecto de la gran mayoría la autoridad resolvió que no podían negociar colectivamente.
Además, agregó el ejecutivo, de los 39 autorizados para ser representados por el sindicato, 13 están trabajando, 14 firmaron la carta de despido y sólo 12 rechazan el finiquito.
Junto con la denuncia por práctica antisindical, los dirigentes gremiales aseguran que el conflicto ha generado un atraso en las obras del penal, lo que fue descartado en todo caso por el seremi de Justicia, Jorge Cáceres, asegurando que el remodelado Manzano será entregado en los plazos pactados.
El Ministerio de Justicia asignó 26.500 millones de pesos para modernizar la principal cárcel penquista, proyecto que debería dejarla al mismo nivel del concesionado penal Bío Bío en el mismo complejo penitenciario.
